Una sentencia obliga a readmitir o indemnizar a una trabajadora por despido improcedente

Se ha estimado la demanda de impugnación de despido formulada por una  docente frente a un ayuntamiento, y declara la existencia de despido improcedente condenando a la empresa a readmitir al demandante en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o a indemnizarle.  



La actora fundamenta su solicitud en el hecho de que teniendo una relación laboral de carácter indefinido no fijo a jornada parcial desde la firma del primer contrato, podía proceder a la extinción del contrato únicamente o mediante la ocupación definitiva de la plaza a través del procedimiento reglamentario correspondiente o a través de la amortización de dicha plaza. Hechos que no han tenido lugar toda vez que lo que procedió a realizar el Ayuntamiento es únicamente la convocatoria para la creación de una bolsa de contratación temporalPor ello considera que estamos ante un despido nulo, o subsidiariamente improcedente.



AFAPNA EXIGE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RECONOCER LOS MISMOS DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES.

Una sentencia condena al Departamento de salud a la readmisión de la trabajadora o al abono de la indemnización legalmente prevista para los despidos improcedentes

 Un  Juzgado de lo Social de Pamplona ha dictado una sentencia donde se analiza la comunicación remitida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) a una trabajadora que desde el año 2008 venía desarrollando labores de celadora con un contrato administrativo.  El fallo de la sentencia considera que la comunicación de finalización del contrato es constitutiva de un despido improcedente y condena al Servicio a la readmisión de la trabajadora o al abono la indemnización legalmente prevista para los despidos improcedentes.

 

 Estima el Juzgado que el contrato administrativo firmado por la demandante,  "de atención de otras necesidades de personal", conocido como contratos estructurales, exige que se acrediten por el Servicio las causas que permiten su celebración y que su duración no excede del máximo tiempo establecido en su normativa. La consecuencia de estos incumplimientos es que estamos ante una contratación fraudulenta, indefinida y de carácter laboral. Por este motivo la comunicación de cese es constitutiva de un despido improcedente.

 La contratación administrativa no puede convertirse en una especie de cajón de sastre al cual acude la Administración para cubrir aquellos puestos de trabajo que son necesarios para el funcionamiento normal de los servicios públicos, cuando esas necesidades no son coyunturales sino estructurales. Además, se aboca a estos trabajadores a una relación que no es ni funcionarial ni laboral y que conlleva situaciones de desprotección, ya que al finalizar su relación administrativa no se genera derecho a indemnización alguna cuando, como suele ocurrir habitualmente, su relación se ha mantenido durante varios años.

Un juez reconoce por primera vez a un funcionario interino el derecho a indemnización tras su cese.


El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha dictado una sentencia en la que reconoce por primera vez el derecho de un funcionario interino a cobrar una indemnización, de 20 días por año trabajado, tras el fin de su relación laboral.

El fallo dictado por el tribunal gallego parte de un recurso contencioso-administrativo presentado por un docente, funcionario interino, que se encargó de hacer una sustitución entre el 13 de octubre de 2015 y 14 de septiembre de 2016. Al término de su relación laboral, este profesor reclamó a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de Galicia una indemnización de 20 días por año trabajado (unos 1.581,32 euros más intereses).

La sentencia  establece que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal "no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto a los empleados públicos en los que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo" salvo que existan fundamentos razonables para hacer alguna diferenciación.

En el caso de este profesor aparece una "manifiesta discriminación" entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública, al que la se reconoce el derecho a indemnización por cese o finalización de la relación laboral, y el funcionario interino al que se le niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino.

El tribunal entiende que no existen razones objetivas que justifiquen la negativa a concederle una indemnización al demandante. Por todo lo anterior y en base a la doctrina comunitaria, el juez da la razón al docente, revoca la resolución de la Consejería que le denegaba la indemnización por ser contraria a derecho, y declara el derecho del demandante a cobrar una indemnización de 20 días por año, similar a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.

Esta sentencia abre la puerta a reclamaciones de profesores interinos que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más alta de los últimos nueve años.

Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.

AFAPNA valora de forma positiva ésta sentencia y exige la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público en la Comunidad Foral de Navarra. 
 

La UE ve discriminatorio el cálculo del desempleo en el tiempo parcial

La Abogada General de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, ha considerado recientemente que la normativa española es contraria a la Directiva europea relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, a la hora de calcular la prestación por desempleo en los trabajadores a tiempo parcial, según estos trabajen de forma vertical u horizontal.
 
Europa diferencia estos dos tipos de trabajo; los trabajadores a tiempo parcial vertical trabajan varios días a la semana mientras que lo que hacen de forma horizontal trabajan todos los días de la semana. A los primeros el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) les tiene en cuenta los días efectivamente trabajados y a los segundos los cotizados (incluidos fines de semana y vacaciones).  
 
Un magistrado del juzgado de lo Social de Barcelona pidió a la UE una aclaración sobre la concesión de una prestación por desempleo del SPEE por un periodo de 120 días a una trabajadora a tiempo parcial que argumentaba tener derecho a una prestación por 720 días. La trabajadora reclamó y el SPEE le reconoció finalmente 420 días de prestación, para lo que tuvo en cuenta solo el número de días efectivamente trabajados y no el número de días cotizados. Por este motivo impugnó la concesión de esta prestación ante el juzgado de lo Social de Barcelona, al considerar que “la exclusión de los días no trabajados para el cálculo del periodo de la prestación, establece diferencia de trato entre los trabajadores a tiempo parcial vertical y los de tiempo parcial horizontal”.
 
Ante esta situación, la Abogada General ha considerado que la normativa nacional sobre el cálculo de prestaciones para el tiempo parcial no es directamente discriminatoria, puesto que se aplica sin distinción a hombres y mujeres, pero que sí existe una “discriminación indirecta”. Esto se debe a que “la aplicación de la ley, aunque formulada de manera neutra, perjudica de hecho a número mucho mayor de mujeres que de hombres”.
 
Concretamente, las estadísticas proporcionadas por el órgano jurisdiccional español indican que entre el 70% y 80% de los trabajadores cuyo trabajo a tiempo parcial está estructurado de manera vertical son mujeres; mientras que en caso del tipo horizontal está igual repartido entre ambos sexos. “De esta información puede concluirse que la normativa española perjudica en una mayor proporción a las mujeres que a los hombres”, indica Sharpstone. 

 

Una opositora mantendrá su plaza pese a considerar errónea la baremación de los ejercicios realizada por la administración

Una opositora mantendrá su plaza de profesora, a pesar de que se realizara una baremación errónea por parte de la Junta de Andalucía, y que hubiera tenido una primera sentencia en su contra.
 
Las oposiciones se realizaron en el año 2011, y cuatro años más tarde, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia que anulaba la baremación realizada y adjudicaba la plaza a otra aspirante. Ahora en 2017, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia dictada en 2015 por el TSJA y la mantiene en su plaza, y aunque admite que pudiere haber habido errores durante el proceso de las oposiciones, señala que la corrección de los mismos exigía la tramitación de un procedimiento específico que no se llevó a cabo por el comité de baremación.

Los hechos se remontan a las oposiciones celebradas en el año 2011, donde la aspirante obtuvo una puntuación total de 7,7021 puntos quedando situada en décimo lugar, y por tanto dentro de las 12 plazas que se convocaban. Posteriormente, se publicó en Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la Orden por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado para el ingreso en el cuerpo de maestros y se nombró a esta opositora con carácter provisional funcionario en prácticas.

En julio de 2013, dos años más tarde, y sin conocimiento previo alguno, la ya funcionaria recibió la comunicación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se le comunicó la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una de las aspirantes no seleccionadas contra la citada Orden, y cuya demanda fue estimada. En esta sentencia de 2015 se anuló por error en la baremación la lista de las oposiciones de 2011 y se admitió la demanda interpuesta por otra aspirante, que debía ocupar su plaza.

La opositora recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo al asegurar que 
se le provoca "una absoluta indefensión" ya que en ningún momento se la comunicó la existencia de un error en la baremación de méritos, ni se tramitó procedimiento alguno al respecto.

El letrado encargado del caso ha declarado que "se hace justicia al preservar los derechos de quienes habiendo sido nombrados funcionarios en su momento, años después, por causas que no les son imputables sino debidas a la actuación de la Administración, se encuentran en la tesitura de verse privados de tal condición".

 

 

Los funcionarios interinos que ven reducida su jornada laboral tienen derecho a la prestación por desempleo parcial

El Tribunal Supremo afirma que la funcionaria interina que reclamó la prestación por desempleo parcial está incluida entre las personas a las que se extiende la protección por desempleo, pues está ligada a la Administración Pública por una relación funcionarial de carácter interino. Asimismo, el TS declara que la funcionaria tiene derecho a la prestación por desempleo parcial, ya que se le redujo la jornada entre un 10% y 70%, con reducción proporcional del salario.

Fue la Administración pública la que acordó la reducción de jornada y del salario de la actora en un 33% quedando su jornada en 25 horas semanales. En consecuencia de tal reducción de jornada y salario, la actora solicitó ante la Dirección Provincial del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, la prestación de desempleo de nivel contributivo de carácter parcial, que le fue denegada por dicho Organismo por no encontrase en situación legal de desempleo.

Sin embargo, la actora "está incluida en la protección por desempleo, al encontrarse ligada a la Administración Pública por una relación funcionarial de carácter interino, habiendo cotizado al Régimen General por la prestación de desempleo" y cumple los requisitos exigidos ya que le ha sido reducida su jornada en más de un 10 y en menos de un 70 por ciento, se le ha reducido proporcionalmente el salario, dicha reducción tiene carácter temporal y ha sido acordada por la empleadora.

Por todo ello, el TS ha estimado la demanda formulada, declarando que la actora se encuentra en situación de desempleo parcial, reconociéndole el derecho a percibir la correspondiente prestación y condenando al demandado a su reconocimiento y pago.

 

 

La justicia confirma la nulidad del despido de una embarazada en un centro de la Xunta

Primero fue el juez de lo Social y ahora es la sala de dicha jurisdicción en el Tribunal Superior de Xustiza la que confirma la nulidad del despido, estando embarazada, de una trabajadora del Centro Tecnolóxico da Carne (CTC). De este modo, el efecto es la "inmediata readmisión de la actora en las condiciones anteriores al cese, con abono de los salarios dejados de percibir", es decir, cerca de 21.800 euros anuales.

La administración justificó el cese de la trabajadora como el fin de una relación temporal, por contrato de obra, que ella conocía. Que el cese le llegara estando embarazada fue una "mera casualidad" porque "se iba a producir igualmente aun cuando no estuviese".

El alto tribunal acredita que la mujer realizó más funciones que para las que fue contratada, entre marzo de 2009 y diciembre de 2011 con un primer contrato de obra, y entre febrero de 2012 y diciembre de 2015 con otro. En ambos casos su ocupación como licenciada en Economía estaba ligada a la ejecución de proyectos cofinanciados por la UE. Pero tal y como certificó el gerente de la fundación, la mujer trabajó en hasta 20 proyectos distintos, "lo que no puede tildarse de esporádico", señala la Sala frente al argumento de la letrada de la Xunta. La administración defendía que las tareas adicionales eran "voluntarias e interesadas para hacer currículum".

Tras dos instancias favorables a la trabajadora, la sentencia no es firme, pues aún admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina, según aclara el fallo. La resolución incluye la condena en costas de la Fundación CTC. Además, si la sentencia se convierte en firme tendrá que abonar los honorarios (550 euros) del abogado demandante.

El Ayuntamiento de Pamplona admite el abono de los días de verano y septiembre

El Ayuntamiento de Pamplona admite la recomendación del Defensor del Pueblo, sobre el abono de los días de verano y septiembre.
 
AFAPNA presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de abono de las vacaciones de verano a educadoras infantiles de las Escuelas infantiles Municipales de Pamplona (del mes de agosto y de varios días de septiembre) y por el cómputo indebido como días de vacaciones de periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa.
 
El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido admitir la recomendación del Defensor del Pueblo “sobre el abono del periodo de vacaciones correspondientes, conforme al contrato que el trabajador tiene, y de acuerdo con el calendario laboral de las escuelas infantiles municipales de Pamplona”.
 
Desde AFAPNA seguiremos pendientes del proceso a fin de que todos los afectados reciban el abono que se merecen. 

A los fijos discontinuos se les debe computar todo el tiempo transcurrido desde que empezó su relación laboral

AFAPNA reclama para todos los fijos discontinuos de las Administraciones Públicas de Navarra que se les compute a efectos de antigüedad TODO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE EMPEZÓ SU RELACIÓN LABORAL FIJA DISCONTINUA, INCLUYENDO LOS PERIODOS EN QUE NO HA HABIDO PRESTACIÓN EFECTIVA DE SERVICIOS.

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconoció el derecho de una trabajadora de la Agencia Tributaria, con categoría profesional de Auxiliar Administrativa, a que se le compute a efectos de antigüedad todo el tiempo transcurrido desde que empezó su relación laboral fija discontinua, incluyendo los periodos en que no ha habido prestación efectiva de servicios.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló en su momento el fallo del juzgado de instancia, que entendía que dicho cómputo de antigüedad debía considerar exclusivamente los meses en los que efectivamente se ha prestado servicios durante la correspondiente campaña anual y no todo el año completo.

En un principio a la actora se le reconoció una antigüedad de 9 meses y 11 días. Sin embargo, la trabajadora presentó alegaciones en las que solicitó la corrección de ese dato para computar todo el tiempo transcurrido desde el 4 de febrero de 2009. Así, le ha reconocido un tiempo de servicio efectivo de 1 año y 19 días.

La sentencia señala que el cómputo debe hacerse desde el inicio de la relación, pues “no estamos ante trabajadores temporales, cuyo vínculo se hubiera roto y su prestación de servicios estuviera interrumpida por la extinción del contrato. Aquí se trata de trabajadores indefinidos 4 de carácter discontinuo, cuyo nexo contractual con la parte empleadora está vigente desde su inicio, con independencia de la distribución de los tiempos de prestación de servicios en atención a los llamamientos que haga la empresa”.

 

 

El GN devuelve a una parte de los trabajadores la paga extra de 2012

El Gobierno de Navarra abonará al personal de la Administración de Justicia la mitad de la paga extra de 2012 que queda pendiente junto con la nómina del próximo mes de diciembre, tal y como ha informado este viernes la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, a los sindicatos de la Administración de Justicia durante la reunión de la Mesa Sectorial.

En concreto, el Gobierno de Navarra pagará 450.720,27 euros a los 550 empleados de los cuerpos de gestión, de tramitación y de auxilio judicial de los cinco partidos judiciales de la Comunidad foral, ha informado el Ejecutivo en una nota.

Desde AFAPNA nos alegramos de que el Gobierno de Navarra haya accedido a la petición de una parte de sus trabajadores de cobrar la paga extra adeudada desde 2012. Pero, seguimos sin compartir la idea de no pagar al resto del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. No es el momento de que se genere desigualdad entre los trabajadores por el abono de la extra.

Por otro lado, AFAPNA tampoco está de acuerdo en que el personal de justicia mantenga unos niveles salariales más bajo que en otros departamentos de Gobierno de Navarra.

 

La Ayuda Familiar es firme

 

¡¡La Ayuda familiar es firme!!

El pasado 21 de septiembre se publicó la sentencia del Juzgado contencioso-administrativo en el pleito entre AFAPNA y el Gobierno de Navarra. En la sentencia se estimaban los recursos interpuestos por el sindicato y se reconocía el derecho del personal contratado a percibir la ayuda familiar con los efectos retroactivos correspondientes.

Ya ha pasado un mes desde que se hizo pública la sentencia, por lo que se ha cumplido el plazo que tenía el Gobierno de Navarra para recurrir la mencionada sentencia. Ahora, más que nunca, la Ayuda Familiar es firme, el Gobierno de Navarra debe pagar el apoyo a los contratados administrativos del mismo modo que lo hace con los compañeros funcionarios.

El Juzgado contencioso-administrativo reconoció la retroactividad de cuatro años que se pedía desde AFAPNA. Sin embargo, el Gobierno de Navarra no aplicará la sentencia de oficio por lo que es necesario que cada persona RECLAME INDIVIDUALMENTE lo que le corresponde.

AFAPNA te ayuda a reclamar la Ayuda Familiar. 
¡¡L
lama al 948 22 03 68!!
 
 
 
La ayuda familiar
Esta ayuda es un apoyo que da la Administración a los empleados públicos que tengan hijos menores de 18 años, cónyuge o pareja de hecho. Actualmente solo lo percibían los funcionarios.
 
Hijos menores de 18 años
  • 29,25 € por hijo/a menor de edad. (1 a 2 hijos) Es el 3% del sueldo inicial nivel E
  • 38,02 € a partir del 3º hasta el 5º hijo/a. Incremento del 30% sobre el primer porcentaje
  • 39,48 € a partir del 6º hasta el 8º (se incrementa un 35% sobre el primer porcentaje)
  • 40,95 € a partir del 8º hijo/a. Se incrementa un 40% sobre el primer porcentaje 
Otros supuestos
  • 146,26 € por hijo/a discapacitado/a
  • 34,13 € por cónyuge o pareja de hecho que este en situación de desempleo 

Publicadas las puntuaciones del concurso de traslado para Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica)

El Tribunal calificador del concurso de traslado para la provisión de 19 plazas de Técnico de Administración Pública (rama jurídica), en su sesión del día 4 de marzo de 2015, ha insertado  en el Tablón de Anuncios del Gobierno de Navarra las puntuaciones obtenidas por los participantes y abrir un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para que los interesados puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con la valoración de sus méritos.

Las reclamaciones deberán efectuarse por escrito y se dirigirán a la Presidenta del Tribunal calificador del concurso.

AQUÍ puedes consultar las puntuaciones.

 

TSJCL sentencia derecho de lactancia para los padres.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido el derecho de los profesores varones a acogerse al derecho de lactancia para sus hijos aunque la madre no trabaje, suspendiendo el condicionado de la Consejería de Educación sobre estos permisos.

Seguiremos informando.

Reconocida la paga extra a 50 funcionarios de Justicia de Euskadi

El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 6 de Bilbao ha emitido dos sentencias firmes en las que se reconoce el derecho a cobrar la totalidad de la paga extra de 2012 a más de 50 funcionarios de Justicia que habían presentado una demanda ante este problema.

Estas dos sentencias llegan un año después de haberse conseguido la primera sentencia estimatoria de la devolución de la totalidad de la paga en Euskadi a una funcionaria de la Administración de Justicia.
Aún así la Dirección de la Administración de Justicia del Gobierno vasco ya ha manifestado que "esto no va a tener repercusión en todo el colectivo y que sólo pagará a quienes se reconozca su derecho mediante sentencia".

Desde AFAPNA queremos manifestar que estos son buenos antecedentes para las personas que quieran reclamar en Navarra la devolución de la extra, una vez se llegue a la vía judicial.

Si estas interesado nosotros estaremos encantados de ofrecer nuestra ayuda.


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