RESOLUCIÓN 2/2018, de 8 de enero, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados para plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, anunciado por Resolución 139/2017, de 19 de junio.

 

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Publicado en el BOE de 30 de noviembre la convocatoria de Oposiciones para la Administración de Justicia en los cuerpos de Auxilio Judicial, Gestión procesal y administrativa y Tramitación procesal y administrativa.

ENLACE AL BOE

El juzgado de lo contencioso administrativo estimó, el pasado 13 de octubre, el recurso interpuesto por una docente contra el Gobierno de Navarra, declarando el derecho de la recurrente a percibir el salario de los meses julio y agosto del 2015. Además, se impone a la administración el pago de las costas.

 

La parte recurrente sostuvo que la resolución era contraria al principio de igualdad debido a que la administración extendía los contratos de sustitución a los meses de julio y agosto cuando estos se suscriben como consecuencia del acto de adjudicación inicial celebrado en junio.

En las conclusiones el tribunal alegó la discriminación existente con trabajadores fijos, al no existir razones objetivas, por lo que se les debería conceder las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto.

Y es que, para los periodos reclamados (curso 2014 -2015), la recurrente fue contratada mediante diversos contratos administrativos desde el 1/09/14 al 28/10/14; del 29/10/14 al 28/10/14; 9/12/14 al 6/04/15; 13/06/15 al 30/06/15, por lo que no cabe duda que prestó sus servicios a lo largo del curso escolar con independencia del número de contratos que se suscribiera, puesto que únicamente constan de dos periodos en los que no prestó servicios del 28 de noviembre al nueve de diciembre de 2014, que son 10 días y del seis al trece de abril de 2015, que son siete días. Estos corresponden a los periodos no lectivos del “puente foral” y las vacaciones de Semana Santa respectivamente.

 Por todo ello, y al no existir razón objetiva que discrimine el trato con los otros contratados, se vulnera el principio de igualdad tal y como ha sentado la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aplicación de la Directiva 199/70 del Consejo. Principio de no discriminación en el Anexo ACUERO MARCO DE LA CES; LA UNICE Y LA CEEP (clausula 4) que señala:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

Finalmente, el juez dio la razón a la recurrente y estimó el recurso declarando el derecho a percibir el salario correspondiente y a deducir las cantidades del finiquito de los diversos contratos, además del pago de las costas judiciales.

 

Hasta por tres juicios contra la Seguridad Social de Palencia ha tenido que pasar un trabajador de Siro en Venta de Baños para lograr que le reconozcan una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual. Finalmente ha sido el Juzgado de lo Social número 2 de la capital el que le reconoce la prestación correspondiente al 55 por ciento de la base reguladora de 1.417 euros con efectos desde el cese en la situación de incapacidad laboral.



El proceso de incapacidad temporal se inició el 30 de noviembre de 2015 y el operario estuvo representado por la abogada Amaya Rodríguez del gabinete de expertos en laboral AFYSE. El INSS dio de alta al hombre el 29 de agosto de 2016, lo que le llevó a interponer una demanda judicial. La demanda fue estimada y dejó sin efecto el alta. médica. Al poco tiempo de recibir la resolución, el INSS volvió a dar de alta al demandante que volvió a acudir al Juzgado de lo Social que de nuevo le dio la razón.


Dadas sus limitaciones físicas para el trabajo que desempeñaba, a pesar de las dos altas de la Seguridad Social, el trabajador solicitó la Incapacidad Permanente Total. El INSS se la negó, pero ahora el juzgado se la reconoce. 


Fuente: Cadenaser.com

El Defensor del Pueblo apoya la queja formulada por nuestro sindicato, AFAPNA, de una Auxiliar de Cocina frente al Ayuntamiento de San Adrián por haberla despedido y suscrito, con anterioridad, un contrato por obra o servicio determinado, procediendo un contrato de por sustitución.

 

Afirma que el contrato temporal concertado por el Ayuntamiento en septiembre del 2007 deriva la consideración de despido improcedente del cese acordado el 31 de agosto de 2011, ya que incluso si, admitiésemos reconducir la temporalidad de la contratación a la duración de la prestación de servicio de escuela infantil por el Ayuntamiento, lo cierto es que dicho servicio no finalizó, sino que continuó prestándose durante el curso 2011/2012, siendo que tras el cese de la trabajadora se ha vuelto a convocar la plaza que ocupaba la misma para su desempeño por personal temporal.

 

Por ello, exige al Ayuntamiento de San Adrián el deber legal de emplear la modalidad de contratación laboral temporal por obra y servicio determinado únicamente en el supuesto previsto en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, cuando se trate de una obra o servicio determinado, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.

 

¡¡AFAPNA DEFIENDE A LOS TRABAJADORES CON EL FIN DE ACABAR CON TODA SITUACIÓN DE INJUSTICIA Y DE DISCRIMINACIÓN!!

El centro tecnológico IK4-Tekniker, con sede en Eibar y presencia institucional, ha sido condenado por el juzgado de lo social número 1 de la citada localidad guipuzcoana a pagar 101.046 euros a una empleada porque el mal ambiente en el trabajo le provocó serios problemas de salud.

 

Fue víctima desde 2010 de «un conflicto laboral» con su jefa, lo que le llevó a «realizar funciones para las que no había sido contratada» y continuos cambios de puesto de trabajo.

 

 

La «existencia» de la «mala relación» entre la trabajadora y la responsable de Personal era conocida por la dirección de Tekniker, subraya la sentencia, del pasado 10 de julio. A partir de esa constatación, la jueza considera que la «situación de conflicto debería haber provocado la actuación de la empresa a fin de proteger el derecho de la demandante a la salud». Por ese motivo, responsabiliza a la compañía de la baja laboral que cursó la empleada en octubre de 2011 «por un trastorno adaptativo con ansiedad y reacción depresiva prolongada». A ello se sumó que, un mes después, fue despedida de forma «improcedente», como reconoció el propio centro tecnológico.

 

 

Desde AFAPNA apoyamos y ayudamos a todo trabajador que se encuentre en una situación de injusticia y discriminación y les animamos a que nos llamen para erradicarla.

 

¡¡TRABAJAMOS PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!!

 

Fuente de la noticia: Diario Vaso

Se ha estimado la demanda de impugnación de despido formulada por una  docente frente a un ayuntamiento, y declara la existencia de despido improcedente condenando a la empresa a readmitir al demandante en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o a indemnizarle.  



La actora fundamenta su solicitud en el hecho de que teniendo una relación laboral de carácter indefinido no fijo a jornada parcial desde la firma del primer contrato, podía proceder a la extinción del contrato únicamente o mediante la ocupación definitiva de la plaza a través del procedimiento reglamentario correspondiente o a través de la amortización de dicha plaza. Hechos que no han tenido lugar toda vez que lo que procedió a realizar el Ayuntamiento es únicamente la convocatoria para la creación de una bolsa de contratación temporalPor ello considera que estamos ante un despido nulo, o subsidiariamente improcedente.



AFAPNA EXIGE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RECONOCER LOS MISMOS DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES.

 Un  Juzgado de lo Social de Pamplona ha dictado una sentencia donde se analiza la comunicación remitida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) a una trabajadora que desde el año 2008 venía desarrollando labores de celadora con un contrato administrativo.  El fallo de la sentencia considera que la comunicación de finalización del contrato es constitutiva de un despido improcedente y condena al Servicio a la readmisión de la trabajadora o al abono la indemnización legalmente prevista para los despidos improcedentes.

 

 Estima el Juzgado que el contrato administrativo firmado por la demandante,  "de atención de otras necesidades de personal", conocido como contratos estructurales, exige que se acrediten por el Servicio las causas que permiten su celebración y que su duración no excede del máximo tiempo establecido en su normativa. La consecuencia de estos incumplimientos es que estamos ante una contratación fraudulenta, indefinida y de carácter laboral. Por este motivo la comunicación de cese es constitutiva de un despido improcedente.

 La contratación administrativa no puede convertirse en una especie de cajón de sastre al cual acude la Administración para cubrir aquellos puestos de trabajo que son necesarios para el funcionamiento normal de los servicios públicos, cuando esas necesidades no son coyunturales sino estructurales. Además, se aboca a estos trabajadores a una relación que no es ni funcionarial ni laboral y que conlleva situaciones de desprotección, ya que al finalizar su relación administrativa no se genera derecho a indemnización alguna cuando, como suele ocurrir habitualmente, su relación se ha mantenido durante varios años.


El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha dictado una sentencia en la que reconoce por primera vez el derecho de un funcionario interino a cobrar una indemnización, de 20 días por año trabajado, tras el fin de su relación laboral.

El fallo dictado por el tribunal gallego parte de un recurso contencioso-administrativo presentado por un docente, funcionario interino, que se encargó de hacer una sustitución entre el 13 de octubre de 2015 y 14 de septiembre de 2016. Al término de su relación laboral, este profesor reclamó a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de Galicia una indemnización de 20 días por año trabajado (unos 1.581,32 euros más intereses).

La sentencia  establece que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal "no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto a los empleados públicos en los que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo" salvo que existan fundamentos razonables para hacer alguna diferenciación.

En el caso de este profesor aparece una "manifiesta discriminación" entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública, al que la se reconoce el derecho a indemnización por cese o finalización de la relación laboral, y el funcionario interino al que se le niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino.

El tribunal entiende que no existen razones objetivas que justifiquen la negativa a concederle una indemnización al demandante. Por todo lo anterior y en base a la doctrina comunitaria, el juez da la razón al docente, revoca la resolución de la Consejería que le denegaba la indemnización por ser contraria a derecho, y declara el derecho del demandante a cobrar una indemnización de 20 días por año, similar a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.

Esta sentencia abre la puerta a reclamaciones de profesores interinos que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo del curso escolar. Solamente en el mes de junio, fueron cesados 51.487 personas, la cifra más alta de los últimos nueve años.

Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.

AFAPNA valora de forma positiva ésta sentencia y exige la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público en la Comunidad Foral de Navarra.