Estimada afiliación:
 

Desde el sindicato queremos informaros de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que los herederos tienen derecho a reclamar a una empresa una compensación económica por vacaciones retribuidas no disfrutadas por su familiar fallecido.

El TJUE ha confirmado en su sentencia que el fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a vacaciones anuales retribuidas según el Derecho europeo y ha dictaminado que sus herederos pueden reclamar una compensación económica por sus vacaciones no disfrutadas.

Así, justifica que el derecho a percibir una compensación económica por vacaciones anuales no disfrutadas al finalizar la relación laboral tiene "un carácter estrictamente patrimonial" y el fallecimiento del trabajador "no puede privar con efectos retroactivos a dicho patrimonio ni, en consecuencia, a las personas a las que debe transmitirse mortis causa del disfrute efectivo" de la herencia.


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Fuente: bolsamania.com


Un cordial saludo

 

Somos como TÚ, Empleados Públicos

 

 

Un tribunal canario y otro madrileño dictaminan que padecer fibromialgia detectable en 18 puntos dolorosos repartidos por el cuerpo permite dar la incapacidad permanente absoluta. Cambia así la consideración de la que hasta hace poco era una enfermedad oculta.

 

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor muscular y cansancio generalizado, para la que aún no hay cura. Más de de un millón de españoles la sufren, mujeres en su mayoría.

 

Tal vez también por eso ha sido considerada habitualmente una enfermedad poco relevante, ya que sus síntomas comienzan siendo poco específicos, varían mucho de una persona a otra y cambian con el tiempo. Hasta ahora. 

 

Las dos sentencias cambian por completo la perspectiva, ya que ahora reconocen la fibromialgia como principal causa para otorgar la incapacidad permanente absoluta.  Se abre una ventana de esperanza para personas como las que muestra este reportaje.


Fuente: canalsur.es

Estimada afiliación,

Desde el sindicato AFAPNA queremos informaros de que el Tribunal Supremo (TS) declara nulo el cese de interinos al considerar "abusiva la utilización abusiva de contratos de duración determinada" y reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente.

Esta decisión de la Justicia afecta a los 440.100 interinos en España. En total un 14% del empleo público es interino, la cifra más alta de la historia de las administraciones públicas.


Esta sentencia CONFIRMA lo que desde el sindicato AFAPNA  venimos diciendo desde hace mucho.  Es curioso que ahora haya sindicatos que nunca han creído en esto y quieran subirse al carro con informaciones y notas de prensa que dicen TODO LO CONTRARIO de lo que señalaban. ¡Basta ya!

 

¡¡AFAPNA EXIGE A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES QUE BUSQUEN UNA SOLUCIÓN PARA LOS AFECTADOS CONFORME A ESTA SENTENCIA!!

¡¡AFAPNA SIEMPRE ESTARÁ DEFENDIENDO LOS  DERECHOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!!

 

Fuente: eleconomista.es
 

Un cordial saludo

 

Somos como TÚ, Empleados Públicos

 

El Tribunal Supremo ha establecido que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, que perciben las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF. La Agencia Tributaria defendía que sí debían tributar y así lo habían sostenido también varios Tribunales Superiores de Justicia. Los de Andalucía y Castilla y León habían establecido la obligación del pago.

 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma en cambio una sentencia del TSJ de Madrid, que en junio del año pasado dio la razón a una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera lo que había ingresado en concepto de IRPF en el ejercicio de 2013 por lo recibido en concepto de prestación por maternidad. La Abogacía del Estado, en nombra de Hacienda, recurrió esa sentencia alegando que la prestación pagada venía a sustituir al sueldo habitual, que sí pagaba IRPF. Añadía que la ley del IRPF sí exime a las prestaciones por maternidad cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales, pero no a las de la Administración Central.

 

El Supremo estima que el alcance de esa exención "no se limita" a las CCAA y municipios, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban. Destaca que en la Ley del IRPF usa un "también" para hablar de las exenciones de esas administraciones, por lo que una "interpretación gramatical" del artículo lleva a concluir que se daba por hecho que las de la Administración central estaban exentas.

Añade que de la Exposición de Motivos de la Ley, en la que se explican sus intenciones, "se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo", como interpretaba Hacienda.

 

Los últimos datos disponibles muestran que la Seguridad Social desembolsó en los ocho primeros meses de este año 1.542,59 millones de euros en prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo en el embarazo.

 

La decisión del Supremo deberá ser seguida ahora por la Administración y los Tribunales. En ambos ámbitos se podrá reclamar lo pagado por IRPF en los ejercicios que no estés prescritos. Las deudas tributarias prescriben a los cuatro años a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.

 

Fuente: elmundo.es

 

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la excedencia por cuidado de hijos --adicional al de baja por maternidad o paternidad y que ambos progenitores pueden solicitar para el cuidado de los hijos-- no cuenta como periodo de "trabajo efectivo" para el cálculo de los días de vacaciones anuales retribuidas.

 

BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

En España, la legislación ya especifica que estos periodos no computan para las vacaciones. "Durante la excedencia, no se genera derecho a salario, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ni tampoco derecho a vacaciones", señala la norma.

La sentencia del TUE recuerda que el derecho comunitario garantiza un periodo de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas para cualquier trabajador, basado en la premisa de que el empleado "ha trabajado efectivamente durante el período de referencia".

Existen situaciones, sin embargo, en las que el trabajador no puede cumplir con sus cometidos y que sí que deben tenerse en cuenta para calcular los días de vacaciones, como una baja por enfermedad, por maternidad o paternidad.

No obstante, la Justicia europea ha considerado que el caso del permiso parental es diferente a las situaciones anteriores, ya que el trabajador "no está sujeto a limitaciones psíquicas o físicas", por lo que este periodo no debe contar para el cálculo de vacaciones.

Este caso judicial tiene su origen en una ciudadana rumana que, tras disfrutar de un permiso de maternidad, un permiso parental para cuidar a su hijo y 30 días de vacaciones retribuidas (en Rumanía son 35 jornadas anuales), solicitó posteriormente los cinco días restantes, los cuales le fueron denegados.

Tras impugnar la resolución ante los tribunales del país, el magistrado encargado del caso preguntó al tribunal con sede en Luxemburgo, que este jueves ha dictado sentencia al respecto en base a la legislación comunitaria.

La decisión del TUE, no obstante, no resuelve el litigio nacional, por lo que ahora el tribunal rumano deberá resolver el caso de conformidad con la sentencia de la Justicia europea. Asimismo, esta decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Fuente: www.iustel.com

Desde el sindicato os informamos de la siguiente sentencia:
 

LOS JUZGADOS NAVARROS EMPIEZAN A DEVOLVER EL DINERO POR LOS GASTOS HIPOTECARIOS


Desde Afapna consideramos que en los últimos meses se ha hablado mucho de la recuperación de los gastos de la hipoteca que eran nulos y que se podían recuperar, todo a razón de la Sentencia que dictó el Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, que abrió la puerta a que los clientes pudieran hacer justicia, pudiendo recuperar el dinero pagado por todos los gastos de formalización de las hipotecas, gastos que fueron impuestos de forma imperativa por los bancos sin ninguna posibilidad de negociar un reparto justo o equitativo, que reflejara la realidad de las cargas que debe afrontar cada uno de ellos ante una hipoteca.
 
  • Conocemos hasta la fecha algún fallo de los Juzgados de Tudela que han decretado ya la nulidad de la cláusula y su devolución íntegra, siguiendo los parámetros fijados de nulidad y devolución que se expresaron de forma contundente y taxativa por el alto Tribunal español, el órgano de mayor jerarquía, quién ya indicó que si no cumplían estas cláusulas el doble control de transparencia eran nulas y que si eran nulas se debía devolver todo el dinero pagado demás por ser impuesto al cliente sin posibilidad de negociar su reparto equitativo o justo. 
 
  • En Pamplona, en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 hay una sentencia de gastos que también ha defendido este letrado, que decretan la nulidad de la cláusula pero que no se devuelve la totalidad, por lo que no se hace el reparto que dictaminó el supremo, sino que se hace un reparto a criterio del juez titular. 
 
  • La Sentencia reciente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Tafalla, donde la jueza titular Dª María Pastor Cisneros, ha decretado la devolución de todos los gastos a los clientes, notario, registro, gestoría e impuestos.  
 
  • La nueva juez de Pamplona ha resuelto en este caso un préstamo hipotecario firmado por una clienta en 2009 con BBVA por 205.000 euros. Posteriormente, fue renovada en 2011. La juez entiende en primer lugar que la cláusula suelo debe ser anulada y la entidad demandada debe reintegrar las cantidades que ha percibida como consecuencia desde la fecha en la que le fue aplicada. En total, obliga a devolver 5.511,27 euros.

Pero además refiere que “la generalidad de la cláusula es evidente y desequilibrada en cuanto a gastos de notaría, toda vez que establece que serán de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los gastos ocasionados por la formalización, preparación, subsanación, tramitación de escrituras, modificación y ejecución del contrato. El mismo desequilibrio, aprecia la sentencia, en lo que concierne a los gastos propios del Registro de la Propiedad. Desde la perspectiva del control del contenido, la vocación de generalidad y el carácter omnicomprensivo de la cláusula suponen un claro y relevante desequilibrio en perjuicio del consumidor demandante y en beneficio de la entidad predisponente. Sin embargo, la juez entiende que los gastos por la escritura de novación no fueron abusivos y por lo tanto no van a ser devueltos, ya que se renovó la hipoteca en beneficio de la clienta.

En la cuestión más relevante en cuanto a las cantidades que se manejan en estos pleitos, como es la que se corresponden con los impuestos de actos jurídicos documentados que se abonan por el préstamo hipotecario, la juez entiende que tampoco cabe su devolución. Concluye que “el abono del impuesto corresponde al prestatario” después de una extensa alusión a distintas normativas en las que señala que el sujeto pasivo en este caso la clienta que firma el préstamo para adquirir la vivienda. En total estaban en juego 1.722 euros por este concepto. De esta forma, la consumidora recibirá del BBVA la devolución de 5.511 euros por la cláusula suelo, 154 euros por los aranceles de registro y otros 604 euros por la notaría, lo que suma 6.270 euros. Se reclamaba una cantidad global de 9.384 euros. Pero en cuanto a las costas del procedimiento, la juez determina que cada parte pagará las suyas.

El hecho de que una empleada se encuentre ausente por un permiso de maternidad durante todo o la mayor parte de su periodo de prácticas o de prueba no habilita a la empresa o a la Administración empleadora a dar por no superada dicha fase. Al contrario, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empleada tiene derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y a disfrutar del periodo de prueba para que sea evaluada su aptitud para ocuparlo.



Una funcionaria alemana fue admitida para promocionar a un puesto superior, que requería un periodo de prueba previo de dos años. Sin embargo, no llegó a tomar posesión del puesto por estar de baja por problemas relacionados con el embarazo y, posteriormente, por disfrutar de un permiso de maternidad -que prolongó más allá de los cuatro meses-.


Pasados los dos años, la administración le comunicó que no había superado el periodo de prueba -sin que hubiera llegado en ningún momento a ocupar efectivamente el nuevo puesto-, por lo que debía volver a su empleo anterior.



El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, al conocer el caso, plantea ante el TJUE las dudas sobre la compatibilidad de la normativa alemana, que determina que los periodos de prueba tendrán una duración de dos años sin que puedan prorrogarse.



El fallo determina que el derecho a reincorporarse al puesto de trabajo se mantiene aunque el permiso de maternidad exceda el mínimo legal obligatorio de cuatro meses. Además, rechaza que pueda no reconocerse la posibilidad de volver por el hecho de que no hubiera tomado posesión efectiva de su puesto.
 


Fuente: eleconomista.es

Cuatro limpiadoras de colegios que fueron despedidas en 2012 deberán ser readmitidas por la Junta de Comunidades en sus puestos de trabajo y, además, se les deberá reponer sus derechos económicos, tras recibir otras tantas sentencias favorables.

Los casos se han llevado de manera individual y uno de ellos es el de una mujer que empezó a trabajar como limpiadora de los colegios de Toledo el 22 de enero de 1990, primero como empleada del Ministerio de Educación y Ciencia y después, a partir del 1 de julio de 2000, -cuando se produjeron las transferencias de Educación a la Junta-, como personal laboral de la Consejería de Educación.

Esta mujer -que se ha cogido como ejemplo para ilustrar lo sucedido a las cuatro- siguió limpiando colegios toledanos, hasta que perdió su puesto de trabajo al quedar fuera del 'listado de aspirantes aprobados' en el proceso de consolidación de empleo en la Junta.

La mujer superó con solvencia la fase de proceso selectivo consistente en responder un cuestionario de respuestas alternativas, pero ha denunciado que en la fase de valoración de méritos, la Administración no le computó los años en los que limpió colegios para el Ministerio de Educación, sino solo los que siguió limpiando colegios para la Junta.

Así, en la suma total de puntos, no obtuvo los suficientes para consolidar plaza y, puesto que otros aspirantes quedaron por delante de ella, ella se quedó sin empleo.

El TSJCM subraya la "sustancial identidad" del trabajo que realizó la limpiadora para ambas administraciones y apunta que cuando la Junta asumió las competencias de Educación, se subrogó los contratos de las personas que venían trabajando hasta entonces para el Ministerio.

Por lo tanto, considera que no valorar el periodo que la mujer trabajó para el Ministerio de Educación vulnera el principio constitucional de Igualdad.

Esta sentencia llegó al TSJCM porque la Administración regional recurrió la que había sido dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo, si bien al ser desestimado el recurso, la Junta no ha recurrido las otras tres sentencias que había sobre casos similares, por lo que también son firmes ya.

Por ello, todas las mujeres serán readmitidas en sus puestos de trabajo, dos de las cuales ya han comenzado a trabajar en colegios de Toledo y otras dos lo harán próximamente en colegios de Cuenca.

Fuente: agencias.abc.es

 

La Justicia de la UE considera que las empresas europeas deberían pagar las vacaciones que sus trabajadores no hayan disfrutado durante sus años trabajados, sin ningún plazo límite.



Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, en una reclamación sobre una empresa Británica, donde dicha empresa tendrá que compensar económicamente las vacaciones de un falso autónomo que no disfrutó de sus vacaciones en un periodo de 13 años.



Si la conclusión del abogado de la UE se aprueba finalmente por el Tribunal de Justicia, implicará un cambio en el marco legal de todos los estados miembro de la Unión, incluyendo España y sus empresas, con respecto a sus asalariados o falsos autónomos trabajando para ellos.



En España, las vacaciones se deben disfrutar dentro del año del devengo del trabajador y su derecho a ellas prescribe cuando concluye tal periodo, por lo que no podrían compensarse económicamente en el caso de que el trabajador no haya podido tenerlas.


El abogado general justifica esta situación en la extendida práctica en aumento de ofrecer contratos temporales; las vacaciones no disfrutadas, prosigue, muchas veces tienen que ver con que el empresario se niega a pagarlas o porque el trabajador no sabe si van a poder ser retribuidas, dándole a éste último toda la responsabilidad.

 

Fuente: publico.es

Los tribunales españoles invocan la jurisprudencia europea para seguir dictando resoluciones que protegen los derechos de los trabajadores temporales. En esta ocasión, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que, en una sentencia del pasado mes de junio, ha ordenado la readmisión de una funcionaria interina que se quedó sin trabajo tras ocho años desempeñando funciones de auxiliar administrativa en la administración gallega. En su resolución, los magistrados citan varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de septiembre de 2016, que se oponen a la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades que son, en realidad, permanentes.



La mujer en cuestión había sido nombrada inicialmente para desempeñar unas tareas concretas en la oficina de Rehabilitación de Santiago de Compostela, relativas a la ejecución de un programa financiado por el Consorcio de la ciudad. El hecho es que fue encadenando nombramientos sucesivos para la misma plaza, y, una vez agotado el convenio en virtud del cual se inició la contratación, siguió realizando trabajos genéricos, relativos a la información al público sobre ayudas a la rehabilitación vigentes. Cuando fue cesada por expiración de nombramiento, la funcionaria no dudó en impugnarlo y en solicitar su readmisión, porque, en definitiva, venía desarrollando los cometidos propios de un auxiliar administrativo con atribuciones permanentes.


Si bien el juzgado rechazó sus pretensiones en primera instancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acoge en su sentencia los argumentos de la recurrente, y califica de fraudulenta la actuación de la Administración.



La consecuencia para la corporación local de esta actuación fraudulenta, tal y como establece en su fallo el tribunal, solo puede ser la reincorporación de la afectada a su plaza de funcionaria interina de auxiliar administrativo, reconociéndole, desde la fecha del último cese, los derechos económicos, retributivos y sociales que le correspondan.



Fuente: cincodias.elpais.com

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