Desde el sindicato os informamos de la siguiente sentencia:
 

LOS JUZGADOS NAVARROS EMPIEZAN A DEVOLVER EL DINERO POR LOS GASTOS HIPOTECARIOS


Desde Afapna consideramos que en los últimos meses se ha hablado mucho de la recuperación de los gastos de la hipoteca que eran nulos y que se podían recuperar, todo a razón de la Sentencia que dictó el Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, que abrió la puerta a que los clientes pudieran hacer justicia, pudiendo recuperar el dinero pagado por todos los gastos de formalización de las hipotecas, gastos que fueron impuestos de forma imperativa por los bancos sin ninguna posibilidad de negociar un reparto justo o equitativo, que reflejara la realidad de las cargas que debe afrontar cada uno de ellos ante una hipoteca.
 
  • Conocemos hasta la fecha algún fallo de los Juzgados de Tudela que han decretado ya la nulidad de la cláusula y su devolución íntegra, siguiendo los parámetros fijados de nulidad y devolución que se expresaron de forma contundente y taxativa por el alto Tribunal español, el órgano de mayor jerarquía, quién ya indicó que si no cumplían estas cláusulas el doble control de transparencia eran nulas y que si eran nulas se debía devolver todo el dinero pagado demás por ser impuesto al cliente sin posibilidad de negociar su reparto equitativo o justo. 
 
  • En Pamplona, en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 hay una sentencia de gastos que también ha defendido este letrado, que decretan la nulidad de la cláusula pero que no se devuelve la totalidad, por lo que no se hace el reparto que dictaminó el supremo, sino que se hace un reparto a criterio del juez titular. 
 
  • La Sentencia reciente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Tafalla, donde la jueza titular Dª María Pastor Cisneros, ha decretado la devolución de todos los gastos a los clientes, notario, registro, gestoría e impuestos.  
 
  • La nueva juez de Pamplona ha resuelto en este caso un préstamo hipotecario firmado por una clienta en 2009 con BBVA por 205.000 euros. Posteriormente, fue renovada en 2011. La juez entiende en primer lugar que la cláusula suelo debe ser anulada y la entidad demandada debe reintegrar las cantidades que ha percibida como consecuencia desde la fecha en la que le fue aplicada. En total, obliga a devolver 5.511,27 euros.

Pero además refiere que “la generalidad de la cláusula es evidente y desequilibrada en cuanto a gastos de notaría, toda vez que establece que serán de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los gastos ocasionados por la formalización, preparación, subsanación, tramitación de escrituras, modificación y ejecución del contrato. El mismo desequilibrio, aprecia la sentencia, en lo que concierne a los gastos propios del Registro de la Propiedad. Desde la perspectiva del control del contenido, la vocación de generalidad y el carácter omnicomprensivo de la cláusula suponen un claro y relevante desequilibrio en perjuicio del consumidor demandante y en beneficio de la entidad predisponente. Sin embargo, la juez entiende que los gastos por la escritura de novación no fueron abusivos y por lo tanto no van a ser devueltos, ya que se renovó la hipoteca en beneficio de la clienta.

En la cuestión más relevante en cuanto a las cantidades que se manejan en estos pleitos, como es la que se corresponden con los impuestos de actos jurídicos documentados que se abonan por el préstamo hipotecario, la juez entiende que tampoco cabe su devolución. Concluye que “el abono del impuesto corresponde al prestatario” después de una extensa alusión a distintas normativas en las que señala que el sujeto pasivo en este caso la clienta que firma el préstamo para adquirir la vivienda. En total estaban en juego 1.722 euros por este concepto. De esta forma, la consumidora recibirá del BBVA la devolución de 5.511 euros por la cláusula suelo, 154 euros por los aranceles de registro y otros 604 euros por la notaría, lo que suma 6.270 euros. Se reclamaba una cantidad global de 9.384 euros. Pero en cuanto a las costas del procedimiento, la juez determina que cada parte pagará las suyas.

El hecho de que una empleada se encuentre ausente por un permiso de maternidad durante todo o la mayor parte de su periodo de prácticas o de prueba no habilita a la empresa o a la Administración empleadora a dar por no superada dicha fase. Al contrario, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empleada tiene derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y a disfrutar del periodo de prueba para que sea evaluada su aptitud para ocuparlo.



Una funcionaria alemana fue admitida para promocionar a un puesto superior, que requería un periodo de prueba previo de dos años. Sin embargo, no llegó a tomar posesión del puesto por estar de baja por problemas relacionados con el embarazo y, posteriormente, por disfrutar de un permiso de maternidad -que prolongó más allá de los cuatro meses-.


Pasados los dos años, la administración le comunicó que no había superado el periodo de prueba -sin que hubiera llegado en ningún momento a ocupar efectivamente el nuevo puesto-, por lo que debía volver a su empleo anterior.



El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, al conocer el caso, plantea ante el TJUE las dudas sobre la compatibilidad de la normativa alemana, que determina que los periodos de prueba tendrán una duración de dos años sin que puedan prorrogarse.



El fallo determina que el derecho a reincorporarse al puesto de trabajo se mantiene aunque el permiso de maternidad exceda el mínimo legal obligatorio de cuatro meses. Además, rechaza que pueda no reconocerse la posibilidad de volver por el hecho de que no hubiera tomado posesión efectiva de su puesto.
 


Fuente: eleconomista.es

Cuatro limpiadoras de colegios que fueron despedidas en 2012 deberán ser readmitidas por la Junta de Comunidades en sus puestos de trabajo y, además, se les deberá reponer sus derechos económicos, tras recibir otras tantas sentencias favorables.

Los casos se han llevado de manera individual y uno de ellos es el de una mujer que empezó a trabajar como limpiadora de los colegios de Toledo el 22 de enero de 1990, primero como empleada del Ministerio de Educación y Ciencia y después, a partir del 1 de julio de 2000, -cuando se produjeron las transferencias de Educación a la Junta-, como personal laboral de la Consejería de Educación.

Esta mujer -que se ha cogido como ejemplo para ilustrar lo sucedido a las cuatro- siguió limpiando colegios toledanos, hasta que perdió su puesto de trabajo al quedar fuera del 'listado de aspirantes aprobados' en el proceso de consolidación de empleo en la Junta.

La mujer superó con solvencia la fase de proceso selectivo consistente en responder un cuestionario de respuestas alternativas, pero ha denunciado que en la fase de valoración de méritos, la Administración no le computó los años en los que limpió colegios para el Ministerio de Educación, sino solo los que siguió limpiando colegios para la Junta.

Así, en la suma total de puntos, no obtuvo los suficientes para consolidar plaza y, puesto que otros aspirantes quedaron por delante de ella, ella se quedó sin empleo.

El TSJCM subraya la "sustancial identidad" del trabajo que realizó la limpiadora para ambas administraciones y apunta que cuando la Junta asumió las competencias de Educación, se subrogó los contratos de las personas que venían trabajando hasta entonces para el Ministerio.

Por lo tanto, considera que no valorar el periodo que la mujer trabajó para el Ministerio de Educación vulnera el principio constitucional de Igualdad.

Esta sentencia llegó al TSJCM porque la Administración regional recurrió la que había sido dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo, si bien al ser desestimado el recurso, la Junta no ha recurrido las otras tres sentencias que había sobre casos similares, por lo que también son firmes ya.

Por ello, todas las mujeres serán readmitidas en sus puestos de trabajo, dos de las cuales ya han comenzado a trabajar en colegios de Toledo y otras dos lo harán próximamente en colegios de Cuenca.

Fuente: agencias.abc.es

 

La Justicia de la UE considera que las empresas europeas deberían pagar las vacaciones que sus trabajadores no hayan disfrutado durante sus años trabajados, sin ningún plazo límite.



Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, en una reclamación sobre una empresa Británica, donde dicha empresa tendrá que compensar económicamente las vacaciones de un falso autónomo que no disfrutó de sus vacaciones en un periodo de 13 años.



Si la conclusión del abogado de la UE se aprueba finalmente por el Tribunal de Justicia, implicará un cambio en el marco legal de todos los estados miembro de la Unión, incluyendo España y sus empresas, con respecto a sus asalariados o falsos autónomos trabajando para ellos.



En España, las vacaciones se deben disfrutar dentro del año del devengo del trabajador y su derecho a ellas prescribe cuando concluye tal periodo, por lo que no podrían compensarse económicamente en el caso de que el trabajador no haya podido tenerlas.


El abogado general justifica esta situación en la extendida práctica en aumento de ofrecer contratos temporales; las vacaciones no disfrutadas, prosigue, muchas veces tienen que ver con que el empresario se niega a pagarlas o porque el trabajador no sabe si van a poder ser retribuidas, dándole a éste último toda la responsabilidad.

 

Fuente: publico.es

Los tribunales españoles invocan la jurisprudencia europea para seguir dictando resoluciones que protegen los derechos de los trabajadores temporales. En esta ocasión, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que, en una sentencia del pasado mes de junio, ha ordenado la readmisión de una funcionaria interina que se quedó sin trabajo tras ocho años desempeñando funciones de auxiliar administrativa en la administración gallega. En su resolución, los magistrados citan varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de septiembre de 2016, que se oponen a la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades que son, en realidad, permanentes.



La mujer en cuestión había sido nombrada inicialmente para desempeñar unas tareas concretas en la oficina de Rehabilitación de Santiago de Compostela, relativas a la ejecución de un programa financiado por el Consorcio de la ciudad. El hecho es que fue encadenando nombramientos sucesivos para la misma plaza, y, una vez agotado el convenio en virtud del cual se inició la contratación, siguió realizando trabajos genéricos, relativos a la información al público sobre ayudas a la rehabilitación vigentes. Cuando fue cesada por expiración de nombramiento, la funcionaria no dudó en impugnarlo y en solicitar su readmisión, porque, en definitiva, venía desarrollando los cometidos propios de un auxiliar administrativo con atribuciones permanentes.


Si bien el juzgado rechazó sus pretensiones en primera instancia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acoge en su sentencia los argumentos de la recurrente, y califica de fraudulenta la actuación de la Administración.



La consecuencia para la corporación local de esta actuación fraudulenta, tal y como establece en su fallo el tribunal, solo puede ser la reincorporación de la afectada a su plaza de funcionaria interina de auxiliar administrativo, reconociéndole, desde la fecha del último cese, los derechos económicos, retributivos y sociales que le correspondan.



Fuente: cincodias.elpais.com

El Ministerio de Hacienda modificará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el tributo en los casos de las ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas.En concreto, el TC ha declarado inconstitucionales varios artículos de la norma foral de Guipúzcoa sobre la plusvalía municipal acerca de un contencioso en la localidad de Irún, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

El tributo, aplicado por los ayuntamientos, se aplica de acuerdo con una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta, con lo que se paga siempre por el vendedor aunque el inmueble se haya vendido con pérdidas, situación que se ha repetido en numerosas ocasiones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que ha motivado varios recursos al Constitucional.

La resolución del alto tribunal, adoptada por unanimidad, reitera "no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".

El TS señala que a partir de la publicación de la sentencia, "corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

Por todo ello, el Ministerio de Hacienda señaló que el impuesto se modificará de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional y que lógicamente afectará a la financiación local, dado que se trata de un impuesto municipal, en un momento en el que el Gobierno prepara una reforma de dicha financiación y ha creado para ello un grupo de expertos.

 

(Fuente: EFE)

 

Recientemente una Sentencia del Tribunal Constitucional  ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidadplanteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.

La trascendencia de dicha sentencia es enorme puesto que afecta a la sustancia del impuesto de plusvalías cuya regulación se contempla en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales y que ha sido objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolución.

La norma anulada por el Tribunal Constitucional contemplaba un cálculo del valor de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo. O sea, un cálculo ciego a la realidad del incremento de valor.

El Tribunal Constitucional dice que los criterios o tablas automáticas, o la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, conducen a que se pague al margen de que se produzca o no un incremento de valor. Se paga porque lo dice el valor catastral y no porque sea el valor real, ni porque responda a una ganancia real.

En suma, debe gravarse el valor del incremento real y no el valor del incremento ficticio, y nada impediría que se fijasen tablas automáticas, pero eso sí siempre y cuando se permitiese probar lo contrario. Además
En consecuencia, si debe pagar quien se lucra o enriquece con el tráfico inmobiliario resulta confiscatorio aplicar un tributo a quien, como consecuencia de la evolución del mercado, se empobrece al vender un bien inmueble que compró en el pasado por más valor del que ahora recibe.

En definitiva, el legislador debe reaccionar rápidamente y suspender la vigencia de los preceptos legales similares en el Impuesto sobre el valor de los terrenos o disponer su sustitución o adición por criterios que corrijan su carácter confiscatorio y garanticen que solo se tribute por incrementos reales.

Además, los recursos y reclamaciones frente a liquidaciones del impuesto de plusvalías pendientes ante los Juzgados y Salas se verán sometidos a posibles cuestiones de inconstitucionalidad. 


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La justicia europea abre la puerta a anular los despidos en bajas largas por accidente laboral.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha vuelto a trastocar la base jurídica sobre la que se mueve el mercado laboral español. Esta vez se trata de un caso sobre el despido de un trabajador estando de baja médica por un accidente laboral.

En un fallo del 1 de diciembre, los magistrados de la UE abren la puerta a que la rescisión del contrato de un empleado en situación de incapacidad temporal de forma “duradera” sea considerada discriminatoria y, por tanto, la decisión pueda ser anulada en los tribunales.

El pasado 11 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la lista de admitidos y excluidos para el proceso selectivo de acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Una vez terminado el plazo de presentación de instancias el Ministerio de Justicia ha publicado las listas certificadas completas en su página web (www.mjusticia.es). También están disponibles en las páginas Web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.administracion.gob.es).

En el siguiente ENLACE podéis ver la relación de excluidos y los motivos de su exclusión.

Los excesos alimenticios de estas fechas navideñas hacen especialmente oportuno el comentario a la recientísima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de Diciembre de 2014 en que se resuelve una cuestión prejudicial danesa sobre si el Derecho de la Unión Europea prohibe las discriminaciones por motivo de obesidad y subsidiariamente, si el despido de alguien obeso según la definición de la OMS supone despedir a alguien incapacitado, lo que prohibe la Directiva 2000/78/ del Consejo de 27 de Noviembre de 2000 igualdad de trato en el empleo.