Hacienda modificará la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional

El Ministerio de Hacienda modificará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el tributo en los casos de las ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas.En concreto, el TC ha declarado inconstitucionales varios artículos de la norma foral de Guipúzcoa sobre la plusvalía municipal acerca de un contencioso en la localidad de Irún, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

El tributo, aplicado por los ayuntamientos, se aplica de acuerdo con una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta, con lo que se paga siempre por el vendedor aunque el inmueble se haya vendido con pérdidas, situación que se ha repetido en numerosas ocasiones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que ha motivado varios recursos al Constitucional.

La resolución del alto tribunal, adoptada por unanimidad, reitera "no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".

El TS señala que a partir de la publicación de la sentencia, "corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

Por todo ello, el Ministerio de Hacienda señaló que el impuesto se modificará de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional y que lógicamente afectará a la financiación local, dado que se trata de un impuesto municipal, en un momento en el que el Gobierno prepara una reforma de dicha financiación y ha creado para ello un grupo de expertos.

 

(Fuente: EFE)

 

Sentencia del Constitucional estima parcialmente inconstitucional el cálculo de la plusvalía

Recientemente una Sentencia del Tribunal Constitucional  ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidadplanteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.

La trascendencia de dicha sentencia es enorme puesto que afecta a la sustancia del impuesto de plusvalías cuya regulación se contempla en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales y que ha sido objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolución.

La norma anulada por el Tribunal Constitucional contemplaba un cálculo del valor de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo. O sea, un cálculo ciego a la realidad del incremento de valor.

El Tribunal Constitucional dice que los criterios o tablas automáticas, o la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, conducen a que se pague al margen de que se produzca o no un incremento de valor. Se paga porque lo dice el valor catastral y no porque sea el valor real, ni porque responda a una ganancia real.

En suma, debe gravarse el valor del incremento real y no el valor del incremento ficticio, y nada impediría que se fijasen tablas automáticas, pero eso sí siempre y cuando se permitiese probar lo contrario. Además
En consecuencia, si debe pagar quien se lucra o enriquece con el tráfico inmobiliario resulta confiscatorio aplicar un tributo a quien, como consecuencia de la evolución del mercado, se empobrece al vender un bien inmueble que compró en el pasado por más valor del que ahora recibe.

En definitiva, el legislador debe reaccionar rápidamente y suspender la vigencia de los preceptos legales similares en el Impuesto sobre el valor de los terrenos o disponer su sustitución o adición por criterios que corrijan su carácter confiscatorio y garanticen que solo se tribute por incrementos reales.

Además,  los recursos y reclamaciones frente a liquidaciones del impuesto de plusvalías pendientes ante los Juzgados y Salas se verán sometidos a posibles cuestiones de inconstitucionalidad. 


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La justicia europea abre la puerta a anular los despidos en bajas largas por accidente laboral

La justicia europea abre la puerta a anular los despidos en bajas largas por accidente laboral.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha vuelto a trastocar la base jurídica sobre la que se mueve el mercado laboral español. Esta vez se trata de un caso sobre el despido de un trabajador estando de baja médica por un accidente laboral.

En un fallo del 1 de diciembre, los magistrados de la UE abren la puerta a que la rescisión del contrato de un empleado en situación de incapacidad temporal de forma “duradera” sea considerada discriminatoria y, por tanto, la decisión pueda ser anulada en los tribunales.

Listas de admitidos y excluidos para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

El pasado 11 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la lista de admitidos y excluidos para el proceso selectivo de acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Una vez terminado el plazo de presentación de instancias el Ministerio de Justicia ha publicado las listas certificadas completas en su página web (www.mjusticia.es). También están disponibles en las páginas Web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.administracion.gob.es).

En el siguiente ENLACE podéis ver la relación de excluidos y los motivos de su exclusión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza la discriminación por obesidad

Los excesos alimenticios de estas fechas navideñas hacen especialmente oportuno el comentario a la recientísima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de Diciembre de 2014 en que se resuelve una cuestión prejudicial danesa sobre si el Derecho de la Unión Europea prohibe las discriminaciones por motivo de obesidad y subsidiariamente, si el despido de alguien obeso según la definición de la OMS supone despedir a alguien incapacitado, lo que prohibe la Directiva 2000/78/ del Consejo de 27 de Noviembre de 2000 igualdad de trato en el empleo.

 

Campaña informativa para los desempleados a los que se ha denegado la jubilación anticipada

AFAPNA quiere orientar a los afectados para que sepan qué hacer en cada caso. Así, los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 que hayan recibido una resolución de la Seguridad Social denegándoles la jubilación anticipada deben saber que recibirán también una comunicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisando su expediente y pidiéndoles que ratifiquen su solicitud de jubilación anticipada. Caso de ratificarla el INSS procederá a reconocer la pensión de jubilación de acuerdo con los requisitos establecidos.

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Tribunal Superio de Justicia de Navarra. Sentencia acerca de preferentes y subordinadas.

El TSJN dicta sentencia en relación a la obligación de informar a los clientes de las entidades bancarias cuando se les ofrece productos de alta complejidad financiera: "swap", preferentes y subordinadas. Se trata de la primera sentencia al respecto, por lo que sienta jurisprudencia a nivel estatal.

El caso concreto se trata de un cliente de la Caja Navarra que contrató un seguro de cobertura de subidas de tipos de interés (al respecto de un préstamo hipotecario) y a ofrecimiento de esta entidad. Resultó que dicho seguro no refería al préstamo hipotecario y se trataba de un producto de alta complejidad financiera denominado "Swap" y destinado a clientes profesionales o con experiencia en el sector. Por lo tanto, no habiendo sido informado el cliente acerca de las consecuencias de los diferentes panoramas económicos factibles en un futuro próximo, bajadas o subidas de interés Euribor y/o hipotecario, ocurre una caída destacada de los intereses y el producto pasa a perjudicar los rendimientos económicos del consumidor.

Consecuentemente la sentencia remarca la importancia de informar debidamente de las características pormenorizadas del tipo de producto que se ofrece al cliente, en todos los casos y previamente a la contratación del mismo.

Ayudas para familias numerosas en Navarra

Las familias numerosas de Navarra pueden solicitar las ayudas que concede el Departamento de Políticas Sociales para la compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas u ortopedia hasta el 14 de noviembre.

La solicitud puede tramitarse en cualquier registro del Gobierno de Navarra, así como a través del Catálogo de Servicios del portal web www.navarra.es o en el resto de lugares previstos en la Ley 30/1992.

Las bases de esta convocatoria de subvenciones, reguladas por orden foral del consejero de Políticas Sociales, establecen una ayuda de entre 350 y 500 euros para la compra o sustitución de prótesis auditivas, de entre 120 y 160 euros para las prescripciones ópticas, y de entre 150 y 250 euros para ortopedia.

Ayudas para familias numerosas en Navarra

Las familias numerosas de Navarra pueden solicitar las ayudas que concede el Departamento de Políticas Sociales para la compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas u ortopedia hasta el 14 de noviembre.

La solicitud puede tramitarse en cualquier registro del Gobierno de Navarra, así como a través del Catálogo de Servicios del portal web www.navarra.es o en el resto de lugares previstos en la Ley 30/1992.

Las bases de esta convocatoria de subvenciones, reguladas por orden foral del consejero de Políticas Sociales, establecen una ayuda de entre 350 y 500 euros para la compra o sustitución de prótesis auditivas, de entre 120 y 160 euros para las prescripciones ópticas, y de entre 150 y 250 euros para ortopedia.

Reconocimiento de servicios temporales, como requisito para promoción interna

La recientísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de Septiembre de 2011 (C-177/10) da un paso adelante para frenar la discriminación entre interinos y funcionarios de carrera, y de rondón debilita el carácter preclusivo de los plazos para impugnar bases de convocatorias admitiendo que sean cuestionadas tras conocer los actos finales de aplicación. Casi nada. Otro ladrillo en el muro (Pink Floyd dixit).

Para ello el Tribunal europeo continúa en su línea de equiparar la valoración, reconocimiento o efectos de los servicios temporales (en régimen de interinidad) con los servicios prestados por funcionarios en propiedad. Primero, fue el reconocimiento de la eficacia de tales servicios temporales para generar el derecho a trienios según célebre sentencia comunitaria. Ahora se trata del reconocimiento de tales servicios temporales a efectos de alcanzar los dos años de servicios ( u otra antigüedad) impuestos como requisito para la promoción interna. Veamos el enorme alcance de este recientísimo fallo judicial.

1. Es sabido que el derecho a la promoción lo ostenta el funcionario de carrera y se expresa en la facultad de concurrir a procedimientos suavizados para ascender a un grupo o categoría superior. Dado que la Ley no quiere carreras meteóricas sino que el aspirante a promocionarse vaya avalado por cierta experiencia, se requería por la legislación española ( y autonómica) contar con al menos dos años de antigüedad como funcionario de carrera ( o incluso cabía la promoción automática para el cuerpo auxiliar mediante la acreditación de diez años de antigüedad). Ahora, el Tribunal de Justicia resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla estima que los años de experiencia acreditada, como requisito para participar en la promoción interna, pueden corresponder tanto a servicios prestados como funcionario de carrera como a servicios en régimen de temporalidad, esto es, como interino ( ya funcionario o laboral).

Oigamos el apartado 84 de la sentencia:

El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 que figura anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999- debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los períodos de servicio cumplidos por un funcionario interino de una Administración Pública no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna en la que sólo pueden participar los funcionarios de carrera, a menos que dicha exclusión esté justificada por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de dicha cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de servicio de duración determinada no constituye tal razón objetiva.”

2. La importancia de la sentencia no es baladí. Hay que tener presente que el mandato del Estatuto Básico es promover la consolidación de empleo temporal, de manera que corren tiempos en que muchos funcionarios de flamante y nuevo ingreso deberán su plaza a un procedimiento o “turno privilegiado” reservado a quienes eran funcionarios interinos, desde fecha anterior al 1 de Enero de 2005 (Disp. Transitoria Cuarta EBEP). Pues bien, una vez enfundados en su condición de funcionarios de carrera, podrán participar en cualquier procedimiento de promoción interna que se convoque en su Administración, regalo nada desdeñable ya que es sabido que en tiempos de crisis económica, si las Administraciones no pueden subir directamente las retribuciones sí pueden negociar la convocatoria de procedimientos de promoción interna que a corto plazo mantienen entretenido al personal y en paz social, además de no incorporar personal nuevo con nuevos costes.

3. Lo que se plantea es cual será el siguiente paso. ¿ El reconocimiento de tales servicios temporales a efectos de consolidación de niveles?, ¿ excedencias?, ¿ premios de antigüedad?, ¿situaciones administrativas varias?, etc. Lo que está claro es la tendencia y el cambio de paradigma en el Derecho español: el tránsito de la diferencia legítima entre servicios por personal “temporero” y servicios por personal “fijo” a un criterio de presumir la ilegitimidad de toda diferencia salvo acreditación razonable, razonada y objetiva de la misma.
Se ve que la Europa sin fronteras está rompiendo las fronteras entre personal interino y entre personal funcionario de carrera, y asimismo entre personal funcionario y personal laboral. El horizonte a corto plazo será una única categoría de empleados públicos y una única e idéntica valoración de los servicios prestados, al margen de la naturaleza temporal o definitiva del vínculo profesional o laboral.

4. Por otra parte, la Sentencia se adentra en el cenagoso mundo de las convocatorias firmes y consentidas, ya que en el caso analizado, la convocatoria exigía esa experiencia como funcionario de carrera y el demandante participó calladamente sin impugnar la convocatoria. Es al término de la misma, cuando la Administración le excluye y anula su nombramiento, y ante el recurso contencioso-administrativo del funcionario, momento en que la Administración invoca el dogma del acto consentido y firme. O sea, para la Administración ( siguiendo un dogma clásico en el Derecho administrativo español) aunque la convocatoria no se ajustase al derecho comunitario, el aspirante no la impugnó en tiempo y forma.

Pues bien, la Sentencia europea de forma tímida comienza reconociendo que cabe que el Derecho interno contemple institutos como el acto consentido y plazos preclusivos pero finalmente da una fuerte cambiada y expresamente afirma que en los casos en que está en juego este derecho a la igualdad de los trabajadores con anclaje comunitario, no debe operar como límite a la defensa de los derechos la técnica de la “convocatoria firme y consentida”. Oigamos el apartado 100 de la sentencia:

Habida cuenta de lo que antecede, procede responder a la quinta cuestión que el Derecho primario de la Unión, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una norma nacional que prevé que el recurso interpuesto por un funcionario de carrera contra una resolución por la que se le excluye de un proceso selectivo y basado en que dicho proceso era contrario a la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco debe interponerse en un plazo preclusivo de dos meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria. Sin embargo, tal plazo no podía oponerse a un funcionario de carrera, candidato a dicho proceso selectivo, que fue admitido al mismo y cuyo nombre figuraba en el listado definitivo de aprobados de dicho proceso, si podía hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Acuerdo marco. En tales circunstancias, el plazo de dos meses sólo podría empezar a correr desde la notificación de la resolución por la que se anulaba su admisión a dicho proceso y su nombramiento como funcionario de carrera del grupo superior.”

En fin, los juristas entre poner una oreja a los mensajes del Tribunal Constitucional y otra a los trompetazos del Tribunal Europeo nos parecemos cada vez mas a Dumbo, por el tamaño de los pabellones auditivos y por los “trompazos” judiciales que se avecinan.

El impago de la parte proporcional de la extra de Nadal de 2012 vulnera derechos fundamentales.

Novedosa sentencia que atiende la demanda presentada por una funcionaria de Lugo por procedimiento especial de protección de derechos

Es una sentencia novedosa por la fórmula utilizada para reclamar el abono a una funcionaria del Ayuntamiento de Lugo de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El abogado lucense Rafael Rossi decidió enfilar la vía del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de las personas contra la decisión municipal de no pagar. De este modo, la demanda entró en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 el pasado 23 de enero y el día 6 de junio fue dictada sentencia favorable a los intereses del funcionario que efectuó la reclamación.

Por la vía ordinaria, son muy numerosas las sentencias favorables a los funcionarios que reclamaron la parte proporcional de la paga extra de diciembre del 2012. No son numerosos los casos de reclamaciones en vía contenciosa por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. Tanto es así, que los medios consultados no tienen constancia de que en Galicia se haya producido otro fallo judicial como este.

 

Cómputo

La cuestión de fondo es la misma en todas las resoluciones sobre la materia. Hasta el 15 de julio de 2012 no entró en vigor la ley que modificó la que estuvo vigente hasta entonces. Por tanto, hay un tiempo que computa a efectos de la paga extra y debe ser abonada la parte proporcional.

El abogado Rossi alegó que al no reconocer la parte proporcional al funcionario municipal lucense se conculcaba el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad. El abogado del Concello argumentó que no existía tal discriminación; frente a este alegato, el representante de la funcionaria señaló que la supresión de la paga extraordinaria afecta a todo el personal de la Administración pública, indiferentemente de que se trata de ayuntamientos, diputaciones u otros ámbitos. Alegó que en numerosos concellos de Ourense, en la Diputación de esta misma provincia, así como en la de Soria y en algunas Comunidades Autónomas habían decidido abonar a sus trabajadores la parte proporcional de la citada paga extraordinaria. Apoyó además su argumento en sentencias de tribunales superiores de justicia.

En la sentencia se señala: «(...) la resolución municipal no es conforme a derecho por cuanto desestima la petición de la recurrente de que le fuese abonada, no la paga extraordinaria de diciembre de de 2012, sino la parte proporcional devengada antes de la entrada en vigor del real decreto-ley 20/2012 de 13 de julio a la que tiene derecho (...) por numerosos pronunciamientos judiciales (...) de modo tal que como consecuencia de dicha resolución ha resultado vulnerado el derecho fundamental a la igualdad (...)». Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El impago de la parte proporcional de la extra de Navidad de 2012 vulnera derechos fundamentales.

Novedosa sentencia que atiende la demanda presentada por una funcionaria de Lugo por procedimiento especial de protección de derechos

Es una sentencia novedosa por la fórmula utilizada para reclamar el abono a una funcionaria del Ayuntamiento de Lugo de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El abogado lucense Rafael Rossi decidió enfilar la vía del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de las personas contra la decisión municipal de no pagar. De este modo, la demanda entró en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 el pasado 23 de enero y el día 6 de junio fue dictada sentencia favorable a los intereses del funcionario que efectuó la reclamación.

Por la vía ordinaria, son muy numerosas las sentencias favorables a los funcionarios que reclamaron la parte proporcional de la paga extra de diciembre del 2012. No son numerosos los casos de reclamaciones en vía contenciosa por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. Tanto es así, que los medios consultados no tienen constancia de que en Galicia se haya producido otro fallo judicial como este.

 

 

Cómputo

La cuestión de fondo es la misma en todas las resoluciones sobre la materia. Hasta el 15 de julio de 2012 no entró en vigor la ley que modificó la que estuvo vigente hasta entonces. Por tanto, hay un tiempo que computa a efectos de la paga extra y debe ser abonada la parte proporcional.

El abogado Rossi alegó que al no reconocer la parte proporcional al funcionario municipal lucense se conculcaba el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad. El abogado del Concello argumentó que no existía tal discriminación; frente a este alegato, el representante de la funcionaria señaló que la supresión de la paga extraordinaria afecta a todo el personal de la Administración pública, indiferentemente de que se trata de ayuntamientos, diputaciones u otros ámbitos. Alegó que en numerosos concellos de Ourense, en la Diputación de esta misma provincia, así como en la de Soria y en algunas Comunidades Autónomas habían decidido abonar a sus trabajadores la parte proporcional de la citada paga extraordinaria. Apoyó además su argumento en sentencias de tribunales superiores de justicia.

En la sentencia se señala: «(...) la resolución municipal no es conforme a derecho por cuanto desestima la petición de la recurrente de que le fuese abonada, no la paga extraordinaria de diciembre de de 2012, sino la parte proporcional devengada antes de la entrada en vigor del real decreto-ley 20/2012 de 13 de julio a la que tiene derecho (...) por numerosos pronunciamientos judiciales (...) de modo tal que como consecuencia de dicha resolución ha resultado vulnerado el derecho fundamental a la igualdad (...)». Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Tribunal Constitucional anula la Funcionarización en Navarra

El TC anula la ley navarra que autorizaba un nuevo proceso de funcionarización en Administración.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la ley foral por la que se autorizaba la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra.

PAMPLONA. Cabe recordar que el Estado recurrió la ley aprobada por el Parlamento foral al entender que el procedimiento establecido para el acceso a la condición de funcionario ignora los principios constitucionales de "mérito y capacidad, ya que mediante una mera solicitud acompañada de la titulación correspondiente, unida al hecho del actual desempeño de las funciones como funcionario no permanente o trabajador fijo en la Administración foral, da lugar a la adquisición de la condición de funcionario de carrera". "No se prevé en ningún caso la realización de pruebas de acceso libre en convocatoria pública", añadía el recurso del Gobierno.

El sindicato AFAPNA se lamenta de la anulación

El presidente del sindicato AFAPNA, Juan Carlos Laboreo, ha expresado hoy en un comunicado su disconformidad con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la ley de funcionarios de la comunidad foral. El Constitucional, según se ha sabido hoy, ha anulado la ley foral de 2013 que autorizó la apertura de un nuevo "proceso de funcionarización" de las administraciones públicas de Navarra, en una sentencia que estima el recurso presentado por el Gobierno de España y declara la inconstitucionalidad de la norma.

El TC fundamenta que para el personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración Foral y sus organismo autónomos la ley navarra se limita a autorizar al Gobierno de la comunidad autónoma para la apertura de un nuevo plazo para la adquisición de la condición de funcionario en idénticas condiciones a las fijadas en la ley foral de 2003. El presidente de AFAPNA expresa en la nota su "contrariedad" por la sentencia de una ley que, afirma, "ha permitido el acceso a la condición de funcionarios de aquellos laborales fijos que cumplían los requisitos establecidos a lo largo de las distintas 'funcionarizaciones' realizadas en Navarra". A su juicio, que el alto tribunal se ampare en el estatuto de los empleados públicos y no en el de la Función Pública de Navarra, "deja claro el desinterés del Tribunal por nuestras competencias y 'foralidad'". "De todas las maneras -agrega la nota- , lo que más nos duele a los empleados públicos navarros es el poco valor que los partidos del Parlamento de Navarra dan a la defensa de nuestras competencias". Laboreo insta a todos los partidos a que "se pongan las pilas en la defensa de Navarra,sus competencias y derechos legalmente reconocidos" y asevera que, en caso contrario, "la sociedad en general y los empleados públicos en particular les haremos responsables directos de este desaguisado".

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 25 de junio de 2014, por el que se anticipa la paga extra

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
 
"ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 25 de junio de 2014, por el que se anticipa al personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2014.
 

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